Volviendo al relato cronológico. Si la industria asturiana alcanza importantes cotas de desarrollo durante periodos muy concretos como la I Guerra Mundial, gracias al creciente proteccionismo que ofrece el Estado y a la autarquía económica, a finales de los cincuenta todo se frena y se abre un proceso de desindustrialización.
Los hitos que marcan este nuevo periodo son el abandono del proteccionismo con el Plan de Estabilización de 1959; la crisis del petróleo de 1973 y el ingreso de España en la Unión Europea en 1986 con la obligación de cierres que conlleva.
En 1959, el Gobierno franquista comienza a poner en práctica los planes de desarrollo, que suponen un cambio total en la política económica del franquismo, liberalizando todos los sectores económicos, entre ellos el carbón, con lo que se inicia una nueva etapa en la historia de la minería asturiana.
La liberalización del mercado precipitó definitivamente al carbón asturiano en la crisis que había venido bordeando gracias al sucesivo aumento de las medidas proteccionistas que se habían aplicado desde principios de siglo. Se produjo un aumento de las importaciones de hulla extranjera que, como anteriormente, seguía teniendo unos costes muy inferiores a la asturiana y cayó el empleo Las grandes compañías empezaron a tener pérdidas crecientes, por lo que acudieron al Estado reclamando ayuda inmediata.
El Gobierno franquista se vio obligado a lanzar un plan de salvación de la industria extractiva asturiana a través de la denominada acción concertada y el Régimen de Ayuda a la Minería. La acción concertada se aplicó a partir de 1965, consistiendo en créditos del 75 por ciento para la inversión, subvención de la producción por cuatro años y ventajas fiscales para las empresas. A cambio se tenía que mejorar la productividad, animando a la vez, a la concentración empresarial. Pero, a pesar de las ayudas gubernamentales, las condiciones generales de las compañías no mejoraron. Los días del carbón comenzaban a extinguirse.
En 1966 los empresarios, que no habían sido capaces de afrontar la crisis, pidieron la nacionalización de sus empresas al Gobierno, ya que las pérdidas económicas eran irreparables. La solución fue la entrada del Instituto Nacional de Industria (INI) en el sector hullero, creándose en 1967 la empresa Hulleras del Norte Sociedad Anónima (HUNOSA). A la altura de 1970, el carbón ya había sido sustituido ampliamente por el petróleo como el combustible más utilizado en España.
La concentración vino de la mano del Estado, que adquirió la totalidad de las acciones de la mayoría de las empresas mineras privadas que operaban en la cuenca central que se encontraban descapitalizadas, en crisis y reduciendo su producción: Duro Felguera; Hullera Española, Fábrica de Mieres; Carbones Asturianos; Industrial Asturiana Santa Bárbara; Compañía de Carbones, Industria y Navegación; Compañía Industrial Minero Astur y Nueva Montaña Quijano. En 1968 se incorporaron nuevas empresas privadas: Hulleras de Veguín y Olloniego, Hulleras del Turón y Carbones La Nueva; en 1969 lo hicieron Nespral, Tres Amigos, Minera de Langreo y Siero, Carbones de Langreo, Coto del Musel y Minas de Riosa. En 1970 se cerró una de las “operaciones de salvamento” más costosas en la historia del INI. Aún llegarían luego Mina Encarnada, Minas de Lieres y Minas de Figaredo. Para la empresa privada, la nacionalización fue la forma de desembarazarse de activos físicos de escaso valor y de cargas financieras en las que se subrogó Hunosa.
Finalizado el proceso integrador, la empresa se encontró con la necesidad de racionalizar su estructura productiva a través de la concentración de explotaciones, que llevó aparejado un cierre de minas, bien por carecer de reservas o bien porque su yacimiento se iba a explotar en el futuro más racionalmente desde otro pozo. Además de la concentración de explotaciones, fue preciso iniciar una serie de fuertes inversiones, para dotarlas de nuevas instalaciones e infraestructuras. Adicionalmente, se acometieron importantes cambios en la organización empresarial y se adecuaron las plantillas de personal a las demandas productivas de la sociedad, en un proceso de mejora permanente de las condiciones de trabajo. Todos estos pasos se fueron plasmando en planes de reestructuración, planes de acción concertada, planes de empresa y convenios colectivos.
Hunosa no ocultaba la difícil tarea que tenía por delante. Así, en 1973, cuando se valoró el cumplimiento del plan en vigor, la propia compañía expresaba que era “absolutamente imposible lograr en Hunosa el equilibrio de resultados e incluso estabilizar las pérdidas”. Y todo pese a que la primera crisis internacional del petróleo supuso un alivio momentáneo a la crítica situación hullera. No obstante, que la compañía iniciara varios planes de diversificación en el ámbito maderero, con explotaciones a cielo abierto y también en el terreno térmico ya desvelaba en parte por dónde caminaría el futuro.
En este proceso de integración, la empresa pública se configura como el agente fundamental de la evolución de la minería regional y, junto a Ensidesa, no solo por su aportación a la economía sino a lo social, implicando un nuevo sistema de trabajo y relaciones laborales. El horizonte que se persigue es la mejora de los resultados y la reducción de plantilla.